Piden llevar a indagatoria al intendente de Lavalle

En las últimas horas hubo pedidos de licencia y renuncias de parte de su gabinete, incluyendo su propio hermano, que estaba al frente de Obras Públicas.

DOLORES (Corresponsal).- La comuna de General Lavalle vive una conmoción política, a partir de una serie de denuncias contra funcionarios municipales, incluyendo el propio intendente Guillermo Marchi.
En la mañana de ayer se registraron una serie de movimientos, que implicaron la renuncia del secretario de Gobierno, Ricardo Foglia, y los pedidos de licencia del titular de Obras Públicas, Fabio Marchi, y del contador municipal, Gustavo Morales. Este último se haya involucrado en la compra de terrenos comunales a precio vil, en tanto que a Fabio Marchi se le achaca un presunto cohecho.
Mientras tanto, la titular del Concejo Deliberante, Adriana Soruco, dijo que el Cuerpo investiga algunas cuestiones más como "obras que hoy por hoy siguen paradas y el dinero ingresó a mediados de setiembre", así como otra serie de hechos que probarían la existencia de "una subejecución del presupuesto".
Finalmente, luego de confirmar los pedidos de licencia de los funcionarios, Soruco estimó que "no somos jueces pero tenemos la función de controlar y saber cómo se están ejecutando los fondos de la comunidad".

Terrenos a 83 pesos

Uno de los detonantes de la cuestión fue una denuncia presentada en la UFI Nº 3 de los tribunales de Dolores, en la que se señala que la comuna habría vendido, en el año 2000, veinticuatro lotes a Gustavo Morales, con el objetivo de que allí se instalara una fábrica de productos alimenticios. La operación se concretó entonces por un monto de 2.000 pesos, de los cuales el comprador abonó 200 y se comprometió a pagar el resto en un plazo de 30 días. Esta compra se hizo con la debida autorización del Concejo Deliberante que atendió al interés social que la fábrica podría traer al desarrollo de la ciudad. Sin embargo, Morales no abonó la deuda ni escrituró los terrenos ni, por supuesto, instaló la fábrica. Sí empezó a trabajar como contador de la Municipalidad a partir de la asunción del actual intendente, Guillermo Marchi.
En julio del año pasado, sin autorización del HCD y sin tomar en cuenta los incumplimientos previos, Marchi escrituró los terrenos a favor de su contador, por medio del decreto 558/09, por el mismo precio de 2.000 pesos, lo que implica un valor de 83 por cada terreno. Para sumar una posible irregularidad más, el trámite no se hizo ante un escribano de la jurisdicción, sino a través de un notario de la vecina localidad de San Clemente del Tuyú.
Enterado de los hechos, el HCD sanciona una ordenanza derogando la venta de los terrenos y exigiendo al Ejecutivo la rescisión de esa operación. Sin embargo, Marchi vetó esa ordenanza.
Por estas acciones, el abogado José Luis Menchón, patrocinante de la vecina Ana Silvia Echeverría, presentada como particular damnificado, pidió que se le tome declaración indagatoria a Morales, como autor del delito de "negociaciones incompatibles con la función pública" y al intendente Marchi, como partícipe necesario en la misma causa.
La concejal Soruco confirmó a este medio la existencia de un dictamen del Tribunal de Cuentas "que hace hincapié en el precio vil de la venta del inmueble, por lo que hay responsabilidades tanto del Departamento Ejecutivo como del comprador".
También en los tribunales locales obra otra denuncia, ésta por cohecho, presentada por el titular de una constructora de General Lavalle, Ariel Adauto, contra el secretario de Obras Públicas de la comuna, Fabio Marchi, hermano del titular del Ejecutivo. Tal denuncia obra en la UFI Nº 1, a cargo del doctor Gustavo García.

Lotes abandonados

Pero, además, existe en la comunidad de General Lavalle una inquietud que motivó también una presentación ante el Defensor del Pueblo Carlos Bonicato, acerca del destino de una cantidad de lotes que estarían siendo vendidos por allegados al poder político. El doctor Menchón explicó a La Capital que en esa localidad hay muchos terrenos abandonados, pertenecientes en muchos casos a familias que emigraron de la ciudad y que no abonaron las tasas ni se ocuparon más por esas propiedades.
Ante versiones circulantes en el medio de la instalación de emprendimientos productivos, algunos vecinos constataron y denunciaron que esos terrenos estaban siendo adquiridos por personas insolventes que, según se sospecha, podrían actuar como testaferros de algún funcionario comunal.
La denuncia hecha ante el defensor del pueblo solicita se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con la función pública.