Comisión de Usuarios y Consumidores
La Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado de la Provincia de Buenos Aires concretó este martes 19 de mayo la reunión con asociaciones de Defensa al Consumidor bonaerenses. Las ongs con actuación en el tema fueron convocadas por el Presidente de la Comisión , el Senador del GEN Mariano Grau y el hacedor del proyecto, el senador platense Luis Malagamba, para debatir las modificaciones propuestas al Código Provincial de Derechos de Usuarios y Consumidores (Ley Provincial 13.133).
“Convocamos a las asociaciones vinculadas a la temática a participar del debate de los cambios que impulsamos –a través del proyecto del senador Malagamba- en la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado.
La Ley Nacional presenta un sistema de soluciones para la defensa de los derechos en materia de contratos, daños y perjuicios, responsabilidades de los proveedores, entre otras; pero es de competencia provincial la regulación de los mecanismos de implementación, que permitan a los consumidores ejercer efectivamente y hacer valer en forma real y concreta, aquellos derechos y soluciones”, afirmó el Presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores, Senador Mariano Grau.
“Insistimos en mantener y profundizar el dialogo con las diferentes ong’s con actuación en el tema para discutir, debatir y poner en conocimiento el proyecto que permita avanzar en la legislación vigente sobre Derechos de Usuarios y Consumidores.
Queremos hacerla más efectiva, prohibiendo diversas prácticas abusivas que no son alcanzadas por la actual reglamentación. El mero reconocimiento de los derechos de los consumidores, de competencia nacional, serían de por sí inoperantes si no vienen acompañados por la incorporación legal de mecanismos que aseguren la aplicación concreta de las normas de protección”, concluyó el presidente del bloque GEN, Luis Malagamba.
miércoles, 26 de mayo de 2010
Seguridad y Justicia La UCR acompañó con duras críticas la fusión de ministerios
El presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Jano, señaló “acompañamos esta decisión porque el gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, de acuerdo a lo que indicó la voluntad popular del 2007, debe tener la libertad de diseñar los ministerios que considere que corresponden para su gestión”.
Y agregó, “este voto favorable no implica que nuestro bloque ponga demasiadas esperanzas en este nuevo cambio de figuritas, porque no se trata de una modificación de políticas, al menos esto no esta determinado ni en el proyecto de ley ni en las expresiones públicas de los funcionarios bonaerenses”.
Seguidamente, Jano expresó que “más allá de los cambios que se han realizado en estos últimos años, separando ambos ministerios y luego fusionándolos, lo que queda claro es el rotundo fracaso en la seguridad de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que los hechos delictivos se han incrementado sustancialmente”.
“Hay un denominador común desde hace más de dos décadas: que esta Provincia ha sido gobernada por el peronismo y nunca hubo voluntad política para solucionar los problemas de seguridad”, sentenció Ricardo Jano.
COMUNICADO DE PRENSA BIBLIOTECA POPULAR R. ALFONSÍN: APOYO ESCOLAR
LA BIBLIOTECA POPULAR "PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN" INFORMA QUE A PARTIR DE L DÍA LUNES 24 DE MAYO BRINDARÁ EL SERVICIO DE APOYO ESCOLAR PARA NIVEL PRIMARIO EN TODAS LAS ÁREAS Y EN NIVEL SECUNDARIO EN CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES.
ACERCATE A NUESTRA CASA EN AV. SAN MARTÍN Nº 206 Y CONSULTA DÍAS Y HORARIOS
TE ESPERAMOS
MAXIMILIANO DE LUCA GERMÁN JARDÓN
SECRETARIO PRESIDENTE
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MAXIMILIANO DE LUCA GERMÁN JARDÓN
SECRETARIO PRESIDENTE
NIVIO EN ACTIVIDAD DEL FRENTE COALICIÓN CÍVICA DE AYACUCHO
Hay que llevar a la gente la certeza de que se puede hacer política con ética
El diputado Carlos Nivio –además Secretario General del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires-, acompañado del Secretario de la 5ª Sección Oscar Prisse, participó como invitado de un evento realizado por el Frente Coalición Cívica en la ciudad de Ayacucho, donde convocó a trabajar por un cambio basado en la ética y en las coincidencias.
El concejal Alberto Dávila presentó la nueva conducción del espacio, conformada por siete miembros entre los que se encuentra el socialista Juan Ángel Paz y convocó en el marco del Bicentenario a fortalecer el trabajo conjunto para general una alternativa cierta para la ciudad teniendo en cuenta, además, los buenos resultados obtenidos en la elección anterior.
Invitado a hacer uso de la palabra, Nivio, expresó que las construcciones que fracasan son las que no están vinculadas con la gente, los espacios armados sin tener en cuenta una programática y valoró como muy positiva y auspiciosa la construcción, de abajo hacia arriba, de el espacio de cambio que se está consolidando a Ayacucho.
En el primer centenario de nuestro país - agregó el diputado- los argentinos creíamos que se podía avanzar, había esperanza. El bicentenario nos encuentra con una realidad mucho más difícil, que no se explica en una Argentina con tantas posibilidades, sino a través de un problema ético.
El legislador convoco a trabajar por dos aspectos fundamentales para resolver las cuestiones políticas. Un cambio ético y un cambio en la cultura.
Por un lado –dijo Nivio- hay que llevar nuevamente a la gente la certeza de que se puede hacer política con ética. Eliminar el “roba pero hace”, y afirmar en la conciencia colectiva el valor de “política con manos limpias y uñas cortas y por otro es indispensable generar una cultura de coincidencias por sobre la de las disidencias, de acordar para construir para resolver los problemas de la gente.
Si trabajamos de esta forma, en los 200 años de la Patria, podremos decir nuevamente que hay objetivos.
Mayo de 2010
jueves, 20 de mayo de 2010
Imputados de encubrimiento del crimen y por falso testimonio en causa Jerez, afrontarán juicio oral
La Cámara Penal confirmó el fallo del Juzgado de Garantías, dando por acreditado el “hecho precedente” que fundamentó el procesamiento de los imputados, es decir, que el dolorense desaparecido en Santa Teresita fue asesinado, que hubo encubrimiento y en dos casos falso testimonio.
En una fallo dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental en el día de ayer, se rechazaron los recursos de apelación planteados por las defensas de los distintos procesados, y en consecuencia siete personas afrontarán juicio oral por encubrimiento o falso testimonio en el marco de la causa por la desaparición de Rubén Darío Jerez, hecho ocurrido en Santa Teresita en el 2001.
Debemos recordar que por mucho tiempo se habló de la desaparición y búsqueda de Jerez, el dolorense radicado en la costa que cumplía tareas como repartidor de productos de la firma Arcor y era empleado de la Empresa Comprar, hasta que en octubre de 2007 el Fiscal Dr. Diego Escoda decidió procesar a un grupo de personas por encubrimiento o falso testimonio en la investigación del asesinato del hasta entonces buscado, tal como lo planteó el funcionario como “hecho precedente”.
El Fiscal consideró por entonces, que estaba legalmente justificado en la investigación, que el 25 de octubre del año 2001 en un “lapso comprendido aproximadamente entre las 12:30 y las 13:00 horas, autor o autores ignorados hasta la fecha, privaron ilegítimamente de su libertad al Sr. Rubén Darío Jerez, obligándolo a alejarse del lugar donde se encontraba en... Santa Teresita, y lo trasladaron contra su voluntad hacia un lugar en el cual no quería permanecer, para luego en una fecha y circunstancias fácticas no esclarecidas fehacientemente, darle muerte con una proximidad temporal marcada con relación a su secuestro, probablemente horas o días ocultando posteriormente el cadáver hasta el día de la fecha”.
Sobre la base de ello, el Dr. Escoda consideró que se habían perpetrado los siguientes ilícitos, determinó sus responsables, y así describió los mismos:
Hecho I: Encubrimiento agravado. Imputados Alejandro Gustavo Muñoz y Carlos Subirol.
Que desde el 25 de octubre de 2001 y durante el periodo de tramitación de la investigación, dos sujetos adultos miembros de la organización financiera denominada Comprar, ayudaron al autor o autores de la privación ilegal de la libertad y homicidio de Rubén Darío Jerez, a eludir las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, consistentes uno de ellos en negar el contacto personal con la víctima el día de su privación ilegal de la libertad, mientras que “el segundo sujeto, de acuerdo al plan previamente acordado con el primero y dividiéndose el trabajo oculto, alteró e hizo desaparecer los rastros del delito modificándola escena del hecho, aportando datos falsos a la investigación, todo con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho precedente”.
Hecho II: Encubrimiento agravado. Imputados: Daniel López, Cristian Ibarra y Jorge Eduardo Grande.
Que durante el mismo período, tres sujetos, funcionarios del Municipio de la Costa y relacionados con la firma Comprar, “de acuerdo a un plan común previamente acordado y dividiéndose el trabajo, ayudaron al autor o autores de la privación ilegal de la libertad y homicidio de Rubén Darío Jerez a eludir las investigaciones del Fiscal...”, aportando datos falsos a la investigación “valiéndose en un caso de un sujeto inimputable” que utilizaron como medio, presentando en otros y a través de distintas personas datos falsos, desviando así la investigación con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho.
Hecho III Falso testimonio. Imputada Patricia Gabriela Sanabria.
Que el 10 de septiembre de 2004 una mujer afirmó falsamente ante el Fiscal hechos que no existieron, en oportunidad de prestar extensa declaración testimonial en el marco de la investigación por el paradero de Jerez, manifestando que el desaparecido había ido a buscar chicas a un domicilio para tener sexo, nombrando a tres de ellas, e indicando que en diversas oportunidades la habrías llevado de viaje en una camioneta. Que el día de la desaparición había ido a buscarlas para posteriormente participar de una fiesta en el Camping El Tala de San Clemente, en la cual consumían cocaína, bebían y mantenían sexo, todo “ello con la clara intención de atentar contra el buen servicio de justicia”.
Hecho IV Falso testimonio. Imputado Leandro Gastón Alzugaray.
Que el 27 de agosto de 2007 un sujeto afirmó falsedades, negó y calló la verdad en oportunidad de deponer testimonialmente en el marco de una diligencia de careo al manifestar: “que no sabe absolutamente nada respecto de la causa de autos, que lo que sabe lo es por la televisión”, y quien además negó haber hablado en la comisaría donde estaba detenido de una carpeta con fotocopias de cheques.
Al resolver la Juez de Garantías Dra. Laura Elías la requisitoria fiscal, no hizo lugar a las nulidades planteadas, rechazó los sobreseimientos pedidos y dispuso elevar la causa a juicio, resolución que fue entonces apelada ante la Cámara por los respectivos defensores, el Dr. Guillermo Brown por Grande y Subirol, el Dr. Ramón Giménez por López; el Dr. Rolando Brown por Alzugaray; el Dr. Fabián Améndola por Muñoz y el Dr. Fernando Dorcasberro por la imputada Sanabria.
Los jueces de Cámara al analizar las actuaciones, en primer término rechazaron nulidades planteadas e indicaron sobre los encubrimientos, que “el meollo” de los recursos lo eran por el “hecho precedente” que daban origen a los mismos, precisando que esas circunstancias de hecho “han sido acreditadas” por el Fiscal y ratificadas por la Juez de Garantías “en función del estudio total de las probanzas..., siguiendo un razonamiento lógico y ajustado a las pruebas del proceso, siendo elementos éstos suficientes para esta etapa procesal para ser tenidos como acreditados”, agregando los magistrados, que toda la prueba y su valoración “han sido analizadas correctamente siguiendo el criterio de la sana critica y por ende ajustadas a derecho. La circunstancia que este razonamiento no favorezca a los imputados no quita ni pone nada al asunto, debiendo en tal caso refutarse los argumentos en el juicio oral”.
Se indica asimismo, que el “fiscal refirió tener elementos para probar el homicidio y es por ello que pide el juicio. Lo que el fiscal dice no es absurdo ni descabellado. Tampoco hay pruebas que lo desvirtúa. Será entonces deber del mismo, acreditar en juicio que hubo homicidio (siendo indiferente pronunciarse sobre quien fue el autor) y que además, los imputados actuaron como encubridores”.
Precisa también el fallo y en forma general, “que el andamiaje jurídico de que se valieran las partes hasta llegar a esta instancia (la apelación), no ha podido ser desvirtuado en forma absoluta y de manera tal que lleve a obtener lo que ha sido llamado “certeza negativa” para cerrar definitivamente el proceso”.
“Es precisamente en la variedad de pruebas y en la disparidad de criterios...” donde los Jueces encontraron absolutamente necesario el pase a la etapa plenaria del juicio, donde los jueces de esa instancia, “favorecidos por la inmediatez y la oralidad podrán desvirtuar testimonios y acreditar otros con un grado más cercano a la verdad real propio de nuestro ordenamiento jurídico”, precisan.
En cuanto al daño moral que uno de los defensores planteó con respecto de su representado, por verse sometido a un proceso penal, el fallo dice que “no es otro que el de cualquier hijo de buen vecino que ve su conducta cuestionada, rigiendo el principio de inocencia hasta se declare lo contrario”.
Por ello los Jueces de Cámara resolvieron rechazar los recursos de apelación y los sobreseimientos solicitados, y elevar a juicio la causa que se le sigue a Alejandro Gustavo Muñoz y Carlos Subirol por encubrimiento agravado; respecto de Daniel López, Cristian Ibarra y Jorge Eduardo Grande por encubrimiento agravado; respecto de Patricia Graciela Sanabria por Falso Testimonio; y respecto de Leandro Gastón Alzugaray por Falso Testimonio.
fuente compromiso diario - dolores
En una fallo dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental en el día de ayer, se rechazaron los recursos de apelación planteados por las defensas de los distintos procesados, y en consecuencia siete personas afrontarán juicio oral por encubrimiento o falso testimonio en el marco de la causa por la desaparición de Rubén Darío Jerez, hecho ocurrido en Santa Teresita en el 2001.
Debemos recordar que por mucho tiempo se habló de la desaparición y búsqueda de Jerez, el dolorense radicado en la costa que cumplía tareas como repartidor de productos de la firma Arcor y era empleado de la Empresa Comprar, hasta que en octubre de 2007 el Fiscal Dr. Diego Escoda decidió procesar a un grupo de personas por encubrimiento o falso testimonio en la investigación del asesinato del hasta entonces buscado, tal como lo planteó el funcionario como “hecho precedente”.
El Fiscal consideró por entonces, que estaba legalmente justificado en la investigación, que el 25 de octubre del año 2001 en un “lapso comprendido aproximadamente entre las 12:30 y las 13:00 horas, autor o autores ignorados hasta la fecha, privaron ilegítimamente de su libertad al Sr. Rubén Darío Jerez, obligándolo a alejarse del lugar donde se encontraba en... Santa Teresita, y lo trasladaron contra su voluntad hacia un lugar en el cual no quería permanecer, para luego en una fecha y circunstancias fácticas no esclarecidas fehacientemente, darle muerte con una proximidad temporal marcada con relación a su secuestro, probablemente horas o días ocultando posteriormente el cadáver hasta el día de la fecha”.
Sobre la base de ello, el Dr. Escoda consideró que se habían perpetrado los siguientes ilícitos, determinó sus responsables, y así describió los mismos:
Hecho I: Encubrimiento agravado. Imputados Alejandro Gustavo Muñoz y Carlos Subirol.
Que desde el 25 de octubre de 2001 y durante el periodo de tramitación de la investigación, dos sujetos adultos miembros de la organización financiera denominada Comprar, ayudaron al autor o autores de la privación ilegal de la libertad y homicidio de Rubén Darío Jerez, a eludir las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, consistentes uno de ellos en negar el contacto personal con la víctima el día de su privación ilegal de la libertad, mientras que “el segundo sujeto, de acuerdo al plan previamente acordado con el primero y dividiéndose el trabajo oculto, alteró e hizo desaparecer los rastros del delito modificándola escena del hecho, aportando datos falsos a la investigación, todo con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho precedente”.
Hecho II: Encubrimiento agravado. Imputados: Daniel López, Cristian Ibarra y Jorge Eduardo Grande.
Que durante el mismo período, tres sujetos, funcionarios del Municipio de la Costa y relacionados con la firma Comprar, “de acuerdo a un plan común previamente acordado y dividiéndose el trabajo, ayudaron al autor o autores de la privación ilegal de la libertad y homicidio de Rubén Darío Jerez a eludir las investigaciones del Fiscal...”, aportando datos falsos a la investigación “valiéndose en un caso de un sujeto inimputable” que utilizaron como medio, presentando en otros y a través de distintas personas datos falsos, desviando así la investigación con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho.
Hecho III Falso testimonio. Imputada Patricia Gabriela Sanabria.
Que el 10 de septiembre de 2004 una mujer afirmó falsamente ante el Fiscal hechos que no existieron, en oportunidad de prestar extensa declaración testimonial en el marco de la investigación por el paradero de Jerez, manifestando que el desaparecido había ido a buscar chicas a un domicilio para tener sexo, nombrando a tres de ellas, e indicando que en diversas oportunidades la habrías llevado de viaje en una camioneta. Que el día de la desaparición había ido a buscarlas para posteriormente participar de una fiesta en el Camping El Tala de San Clemente, en la cual consumían cocaína, bebían y mantenían sexo, todo “ello con la clara intención de atentar contra el buen servicio de justicia”.
Hecho IV Falso testimonio. Imputado Leandro Gastón Alzugaray.
Que el 27 de agosto de 2007 un sujeto afirmó falsedades, negó y calló la verdad en oportunidad de deponer testimonialmente en el marco de una diligencia de careo al manifestar: “que no sabe absolutamente nada respecto de la causa de autos, que lo que sabe lo es por la televisión”, y quien además negó haber hablado en la comisaría donde estaba detenido de una carpeta con fotocopias de cheques.
Al resolver la Juez de Garantías Dra. Laura Elías la requisitoria fiscal, no hizo lugar a las nulidades planteadas, rechazó los sobreseimientos pedidos y dispuso elevar la causa a juicio, resolución que fue entonces apelada ante la Cámara por los respectivos defensores, el Dr. Guillermo Brown por Grande y Subirol, el Dr. Ramón Giménez por López; el Dr. Rolando Brown por Alzugaray; el Dr. Fabián Améndola por Muñoz y el Dr. Fernando Dorcasberro por la imputada Sanabria.
Los jueces de Cámara al analizar las actuaciones, en primer término rechazaron nulidades planteadas e indicaron sobre los encubrimientos, que “el meollo” de los recursos lo eran por el “hecho precedente” que daban origen a los mismos, precisando que esas circunstancias de hecho “han sido acreditadas” por el Fiscal y ratificadas por la Juez de Garantías “en función del estudio total de las probanzas..., siguiendo un razonamiento lógico y ajustado a las pruebas del proceso, siendo elementos éstos suficientes para esta etapa procesal para ser tenidos como acreditados”, agregando los magistrados, que toda la prueba y su valoración “han sido analizadas correctamente siguiendo el criterio de la sana critica y por ende ajustadas a derecho. La circunstancia que este razonamiento no favorezca a los imputados no quita ni pone nada al asunto, debiendo en tal caso refutarse los argumentos en el juicio oral”.
Se indica asimismo, que el “fiscal refirió tener elementos para probar el homicidio y es por ello que pide el juicio. Lo que el fiscal dice no es absurdo ni descabellado. Tampoco hay pruebas que lo desvirtúa. Será entonces deber del mismo, acreditar en juicio que hubo homicidio (siendo indiferente pronunciarse sobre quien fue el autor) y que además, los imputados actuaron como encubridores”.
Precisa también el fallo y en forma general, “que el andamiaje jurídico de que se valieran las partes hasta llegar a esta instancia (la apelación), no ha podido ser desvirtuado en forma absoluta y de manera tal que lleve a obtener lo que ha sido llamado “certeza negativa” para cerrar definitivamente el proceso”.
“Es precisamente en la variedad de pruebas y en la disparidad de criterios...” donde los Jueces encontraron absolutamente necesario el pase a la etapa plenaria del juicio, donde los jueces de esa instancia, “favorecidos por la inmediatez y la oralidad podrán desvirtuar testimonios y acreditar otros con un grado más cercano a la verdad real propio de nuestro ordenamiento jurídico”, precisan.
En cuanto al daño moral que uno de los defensores planteó con respecto de su representado, por verse sometido a un proceso penal, el fallo dice que “no es otro que el de cualquier hijo de buen vecino que ve su conducta cuestionada, rigiendo el principio de inocencia hasta se declare lo contrario”.
Por ello los Jueces de Cámara resolvieron rechazar los recursos de apelación y los sobreseimientos solicitados, y elevar a juicio la causa que se le sigue a Alejandro Gustavo Muñoz y Carlos Subirol por encubrimiento agravado; respecto de Daniel López, Cristian Ibarra y Jorge Eduardo Grande por encubrimiento agravado; respecto de Patricia Graciela Sanabria por Falso Testimonio; y respecto de Leandro Gastón Alzugaray por Falso Testimonio.
fuente compromiso diario - dolores
martes, 18 de mayo de 2010
JUICIO ORAL POR LA CAUSA DARIO JEREZ
de la fecha la Sra. Viviana Zubiaurre de Jerez, ha sido notificada por la Fiscalía de Dolores que lleva la causa del desaparecido Darío Jerez, producida el 25 de octubre de 2001 en Santa Teresita, Pdo. de La Costa, que irá a juicio oral y público. Los siete imputados son: Jorge Eduardo Grande, Gerardo Cristian Ibarra y Daniel Claudio López; ex funcionarios de la administración Magadán; el vicecónsul de España Carlos Subirol y Alejandro Gustavo Muñoz, Patricia Graciela Sanabria; Leandro Gastón Alzugaray.
Piden llevar a indagatoria al intendente de Lavalle
En las últimas horas hubo pedidos de licencia y renuncias de parte de su gabinete, incluyendo su propio hermano, que estaba al frente de Obras Públicas.
DOLORES (Corresponsal).- La comuna de General Lavalle vive una conmoción política, a partir de una serie de denuncias contra funcionarios municipales, incluyendo el propio intendente Guillermo Marchi.
En la mañana de ayer se registraron una serie de movimientos, que implicaron la renuncia del secretario de Gobierno, Ricardo Foglia, y los pedidos de licencia del titular de Obras Públicas, Fabio Marchi, y del contador municipal, Gustavo Morales. Este último se haya involucrado en la compra de terrenos comunales a precio vil, en tanto que a Fabio Marchi se le achaca un presunto cohecho.
Mientras tanto, la titular del Concejo Deliberante, Adriana Soruco, dijo que el Cuerpo investiga algunas cuestiones más como "obras que hoy por hoy siguen paradas y el dinero ingresó a mediados de setiembre", así como otra serie de hechos que probarían la existencia de "una subejecución del presupuesto".
Finalmente, luego de confirmar los pedidos de licencia de los funcionarios, Soruco estimó que "no somos jueces pero tenemos la función de controlar y saber cómo se están ejecutando los fondos de la comunidad".
Terrenos a 83 pesos
Uno de los detonantes de la cuestión fue una denuncia presentada en la UFI Nº 3 de los tribunales de Dolores, en la que se señala que la comuna habría vendido, en el año 2000, veinticuatro lotes a Gustavo Morales, con el objetivo de que allí se instalara una fábrica de productos alimenticios. La operación se concretó entonces por un monto de 2.000 pesos, de los cuales el comprador abonó 200 y se comprometió a pagar el resto en un plazo de 30 días. Esta compra se hizo con la debida autorización del Concejo Deliberante que atendió al interés social que la fábrica podría traer al desarrollo de la ciudad. Sin embargo, Morales no abonó la deuda ni escrituró los terrenos ni, por supuesto, instaló la fábrica. Sí empezó a trabajar como contador de la Municipalidad a partir de la asunción del actual intendente, Guillermo Marchi.
En julio del año pasado, sin autorización del HCD y sin tomar en cuenta los incumplimientos previos, Marchi escrituró los terrenos a favor de su contador, por medio del decreto 558/09, por el mismo precio de 2.000 pesos, lo que implica un valor de 83 por cada terreno. Para sumar una posible irregularidad más, el trámite no se hizo ante un escribano de la jurisdicción, sino a través de un notario de la vecina localidad de San Clemente del Tuyú.
Enterado de los hechos, el HCD sanciona una ordenanza derogando la venta de los terrenos y exigiendo al Ejecutivo la rescisión de esa operación. Sin embargo, Marchi vetó esa ordenanza.
Por estas acciones, el abogado José Luis Menchón, patrocinante de la vecina Ana Silvia Echeverría, presentada como particular damnificado, pidió que se le tome declaración indagatoria a Morales, como autor del delito de "negociaciones incompatibles con la función pública" y al intendente Marchi, como partícipe necesario en la misma causa.
La concejal Soruco confirmó a este medio la existencia de un dictamen del Tribunal de Cuentas "que hace hincapié en el precio vil de la venta del inmueble, por lo que hay responsabilidades tanto del Departamento Ejecutivo como del comprador".
También en los tribunales locales obra otra denuncia, ésta por cohecho, presentada por el titular de una constructora de General Lavalle, Ariel Adauto, contra el secretario de Obras Públicas de la comuna, Fabio Marchi, hermano del titular del Ejecutivo. Tal denuncia obra en la UFI Nº 1, a cargo del doctor Gustavo García.
Lotes abandonados
Pero, además, existe en la comunidad de General Lavalle una inquietud que motivó también una presentación ante el Defensor del Pueblo Carlos Bonicato, acerca del destino de una cantidad de lotes que estarían siendo vendidos por allegados al poder político. El doctor Menchón explicó a La Capital que en esa localidad hay muchos terrenos abandonados, pertenecientes en muchos casos a familias que emigraron de la ciudad y que no abonaron las tasas ni se ocuparon más por esas propiedades.
Ante versiones circulantes en el medio de la instalación de emprendimientos productivos, algunos vecinos constataron y denunciaron que esos terrenos estaban siendo adquiridos por personas insolventes que, según se sospecha, podrían actuar como testaferros de algún funcionario comunal.
La denuncia hecha ante el defensor del pueblo solicita se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con la función pública.
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